Este trabajo de grado analizó el desarrollo jurisprudencial en la acción popular y su eficacia actual como mecanismo constitucional para la protección del derecho colectivo al medio ambiente sano, a partir de la eliminación del incentivo (2011 -2016). Se realizó un análisis jurídico inicial del derecho colectivo y las acciones populares en general, junto con el cambio de postura de la Corte Constitucional frente a la eliminación del incentivo. Posteriormente se analizaron independientemente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente al tema central, donde se identificó entre otras cosas el carácter de fundamental del derecho colectivo al ambiente y la multitud de vertientes que tiene este derecho; en un posterior análisis conjunto se evidenció mayor concreción por parte del Consejo de Estado frente a los derechos protegidos, a los sujetos procesales involucrados y a las órdenes impartidas en materia de acciones populares y medio ambiente. Finalmente, a través de un análisis estadístico se confirmó la influencia negativa que tuvo la derogación del incentivo económico en el ejercicio de la acción popular y de paso en la defensa en el derecho colectivo al medio ambiente; así como la actual recuperación que ha tenido el mecanismo entre los años 2014 a 2016, que encuentra entre sus explicaciones un mayor grado de conciencia ambiental por parte del actor popular moderno.
This dissertation analyzed the jurisprudential development of class action and its current effectiveness as a constitutional mechanism for the protection of collective right to healthy environment, since the elimination of the incentive (2011-2016). An initial legal analysis of general issues about collective rights and class actions was performed, along with the position change of Constitutional Court towards the incentive elimination. Subsequently, an independent analysis in relation to the main topic of jurisprudence of Constitutional Court and the highest administrative Court —Consejo de Estado, identified the fundamental nature of the collective right to environment, and the multiple issues that surround it, among other things. In a subsequent comparative analysis, it became clear that the highest administrative Court was more specific regarding to protected rights, involved procedural subjects and given commands in matter of class actions and environment. Finally, a statistical analysis confirmed the negative influence of the economic incentive derogation in class action, thus the defense of the collective right to environment; as well as the current recovery of the mechanism between 2014 and 2016, which could be explained from a higher environmental concern in the modern class action petitioner.
