Resumen:
La presente investigación estriba en establecer la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referente a la autonomía con que cuentan las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales para la adopción de los tributos, para así determinar si a estos les es dable imponer un gravamen, sin que previamente hubiere sido autorizado por la ley.
La autonomía de las entidades territoriales se encuentra constitucionalmente reconocida y expresada en el marco de la gestión de sus propios intereses, clasificándose en administrativa y fiscal. La primera, referente a la posibilidad de autogobernarse, es decir, de tener sus propias autoridades y, la segunda, relativa a administrar sus propios recursos, así como a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
En ese sentido, el interés que conduce a realizar este trabajo, es analizar la noción del principio de autonomía referida a la posibilidad de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales para la adopción de tributos, en contraposición de la aplicación del principio de legalidad, para establecer la forma cómo este debe ser entendido, articulado y aplicado en nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que se permita evidenciar en qué momento las autoridades locales podrían estar extralimitándose de aquello que les es constitucional y legalmente permitido.