Valoración de la prueba penal por parte del juez contencioso administrativo para determinar la exclusión de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad por culpa exclusiva de la víctima, (2007 a 2017)

Abstract

En el primer capítulo de este trabajo se abordarán los eventos en los cuales el Estado es responsable patrimonialmente por privación injusta de la libertad y las causales eximentes de responsabilidad y, en ese estudio, se analizarán las diferentes posturas que sobre el tema en particular ha esbozado la Sección Tercera del Consejo de Estado20, destacándose cuatro etapas en el tratamiento brindado. En una primera etapa, se sostuvo que la responsabilidad del Estado era de tipo restrictivo, pues se fundamentaba en el error judicial, es decir, la responsabilidad del Estado se derivaba de un error ostensible del juez al momento de proferir la decisión respectiva. Una segunda etapa, prevaleció el régimen objetivo de responsabilidad, pues frente a la absolución del procesado porque el hecho no existió, porque él no la cometió o porque la conducta no estaba tipificada como delito, resultaba irrelevante el estudio de la conducta dolosa o culposa del juez, como quiera que una vez configurada alguna de estas tres causales, operaba una presunción legal en contra del Estado, referida a que la privación derivaba como injusta. Posteriormente, en una tercera etapa, el Consejo de Estado, no solo amplió, a través de casos concretos, el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad, contemplando la posibilidad de que el Estado respondiese patrimonialmente cuando los procesados fueran absueltos en aplicación del principio de in dubio pro reo, sino que también advirtió a través de casos particulares, que las medidas restrictivas de la libertad no eran una carga que todas las personas debían soportar. En un segundo capítulo, se estudiará lo concerniente a la valoración de la prueba penal por parte del juez contencioso administrativo en eventos de privación injusta de la libertad y a su vez como la conducta del investigado en el proceso penal es determinante para valorar la exclusión de responsabilidad patrimonial del Estado por culpa exclusiva de la víctima, para finalmente, emitir una serie de conclusiones y posiciones críticas al respecto.