Resumen:
En el primer capítulo el trabajo parte de identificar lo que es el desplazamiento forzado, ubicando las causas específicas del este fenómeno que sufre el país, describiendo la normatividad nacional e internacional que existe en la actualidad que se convierte en herramienta jurídica para que los gobiernos locales, regionales y nacional puedan implementar las políticas y estrategias para atender a la población desplazada.
El segundo capítulo describe las condiciones que tienen los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones) para enfrentar la problemática del desplazamiento forzado por causas de la violencia, como también la capacidad de respuesta de los entes descentralizados. Esta información es fundamental para poder contar con un referente institucional para el análisis de la aplicación de las políticas públicas en esta área de la administración pública. En esa misma dirección se analiza brevemente el impacto del Plan Colombia sobre el problema del desplazamiento forzado, dado que como parte de la estrategia de los dos últimos gobiernos para enfrentar a los grupos armados ilegales, es un referente importante a la hora de realizar este estudio.
En el tercer capítulo se investiga sobre las realidades de la región estudiada, las particularidades históricas y geográficas del municipio, la presencia de los grupos armados ilegales, se entra de lleno en el trabajo de análisis de las estadísticas e informaciones conseguidas sobre el desplazamiento de la población del municipio de El Tambo en el período de tiempo estudiado, para poder determinar las particularidades de ese fenómeno en esa región.
El cuarto capítulo plantea la evaluación de las diferentes acciones gubernamentales que se vienen desarrollando para atender la población desplazada, identificando los diversos programas, se ubican los aciertos y fortalezas de dichas acciones, así como las deficiencias y debilidades institucionales, para de esa forma presentar el balance general de las políticas que se aplican, el papel de la descentralización administrativa, política y fiscal, y la capacidad del Estado para canalizar la participación comunitaria en la búsqueda de soluciones.
