Posiciones del consejo de estado en el periodo 2008 a 2015, en su función interpretativa de las reglas contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 frente a la subsanabilidad de las ofertas, en procesos de contratación pública adelantados bajo la modalidad de licitación pública

Abstract

La contratación pública, es una de las actividades más importantes del sistema jurídico colombiano por cuanto, la mayor parte de la provisión de bienes y servicios y los proyectos de inversión, se realiza con el apoyo e intervención de particulares que son los contratistas colaboradores del Estado en la consecución de los fines esenciales y en la efectiva prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales se escogen bajo procesos y procedimientos reglados por normas como Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios que incluso han sido interpretadas por el Consejo de Estado. Sin embargo, en el desarrollo de la actividad contractual, al momento de evaluar las ofertas y seleccionar al contratista, se presentan dificultades por la indebida interpretación o errada aplicación de aquellas reglas normativas y de las reglas jurisprudenciales proferidas en relación con la posibilidad de subsanar o no requisitos habilitantes de las ofertas lo que genera una inseguridad jurídica y que conlleva a que la selección del contratista, recaiga en el oferente menos idóneo, o no se escoja debiendo hacerlo, poniendo en riesgo el interés público, la consecución de los fines del estado que se pretenden a través de la herramienta de la contratación pública, vulnerándose principios como el igualdad y de y selección objetiva y abriendo la posibilidad a debates jurídicos que muchas veces terminan con condenas patrimoniales adversas para el Estado.