El tratamiento de justicia en la jurisdicción especial para la paz

Abstract

Luego de más de 60 años de conflicto armado en Colombia, uno de los actores irregulares de éste, las FARC se sentó a la mesa de la Habana a dialogar con los representantes del gobierno colombiano. Desde el momento en que el entonces presidente Santos anunció esta noticia se alzaron las voces en contra, lideradas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor. Las palabras que centraron este debate fueron “Impunidad” y “Elegibilidad”. La primera, porque los miembros de las FARC que se sometieran a la JEP pagarían penas mínimas y la segunda porque tendrían derecho a curules en el Congreso de la República. Otras palabras en medio de las discusiones y oposiciones constantes a este proyecto de Paz fueron: “Narcoterrorismo”, “Farsa” o “Castrochavismo”, para poco a poco ir fragmentando a la Sociedad Civil. No obstante, estos argumentos lograron trascender en la opinión pública colombiana, lo que llevo a que el día 02 de octubre del 2016, cuando se refrendó el Acuerdo de Paz, los resultados evidenciaran la polarización en la que se encontraba el país, para que de esta forma ganara el No a los acuerdos. Esto agudizó la polarización del país, sin embargo, Santos apeló a la refrendación vía congreso de la República, lo que motivó a Uribe y su bancada a seguir boicoteando el Acuerdo y su columna vertebral la JEP, a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por lo tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como mecanismo de administración de Justicia del plan de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición dentro del Acuerdo para la terminación del Conflicto, intenta acoger a los diferentes actores implicados en el Conflicto para que se acojan a los principios de Verdad, Reparación y Garantías de No repetición. Dentro de los compromisos está el que los victimarios cuenten todas las historias que el país aún no sabe y que podría implicar la complicidad de relevantes figuras políticas colombianas en su ejecución. Para que, de esta forma, las Víctimas al padecer en realidad los rigores del conflicto se puedan escuchar sus voces, y también puedan llegar a tener una participación política al igual que los victimarios. Quiere decir esto que detrás de las experiencias de las víctimas hay todo un entramado que implica gran parte de la memoria histórica de un país.

After more than 60 years of armed conflict in Colombia, FARC, one of its irregular actors, sat on the table of la Habana and discussed the subject with the Colombian government’s representatives. Voices against the process were raised from the moment that Santos, president at the time, announced this news, led by former president and main opposition Álvaro Uribe Vélez. Key words on this debate were “Impunity” and “Eligibility”. The first one, because FARC’s members subjected to the JEP would pay minimum penalties and the second one because they would have the right to be elected to be seated at the Congress of the Republic. Other words mentioned in the discussion and the constant oppositions to this project of Peace were “narco-terrorism”, “sham” or “Castrochavismo”, in order to keep fragmenting civil society. However, these arguments managed to transcend the Colombian public opinion from October 2 of 2016 when peace agreement was endorsed, causing results that showed the country’s polarization which led to a triumph of the “NO” on the agreements. This exacerbated the country’s polarization, nevertheless, Santos appealed the endorsement to the Congress of the Republic, which encouraged Uribe and his team to keep boycotting the agreement and its core the JEP, through the media and social networks. Therefore, the special jurisdiction for peace (JEP) as a mechanism of management of justice of the plan known as Truth, Justice, Repair and Warranties of No repetition in the ending of conflict’s agreement, attempts to subject the different acts implicated in the conflict to be subjected to the principles of Truth, Justice, Repair and Warranties of No repetition. One of the commitments is to make the perpetrators talk their stories the country doesn’t know yet that might implicate the complicity of important and relevant political figures. So this way, victims who suffered directly the consequences of conflict, are able to be heard and get the option of having political participation as well as the perpetrators. This means that there is a whole structure built from experiences of the victims who play an important role on a country’s historic memory.